CAMPUZANO LAGUILLO, ANA BELÉN / ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, ANGEL
La Legislación Concursal persigue proporcionar a todos los que se aproximan a este Derecho especial una herramienta adecuada para su interpretación y aplicación. Por eso, es exhaustiva en el contenido, con un tratamiento sistemático de las anotaciones y de las concordancias. Como consecuencia de la creciente complejidad del Derecho Concursal, la compilación se divide en tres partes: legislación concursal general, legislación concursal especial y legislación concursal internacional. La legislación concursal general incluye las modificaciones introducidas en la Ley Concursal, de forma sucesiva, por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica; la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial; el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal; la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial (que procede de la tramitación como Ley del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo); el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social; la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal (que procede de la tramitación como Ley del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre); y la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (que procede de la tramitación como Ley del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero). Se incluye, igualmente, el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, que establece el arancel de derechos de los administradores concursales, el Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el registro público concursal y el Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre, por el que se regula el seguro de responsabilidad civil y la garantía equivalente de los administradores concursales. La recopilación separada de la legislación especial es necesaria en la medida en que la Ley Concursal opta por mantener la normativa dictada en los mercados del crédito, del seguro y de los valores. Atendiendo, fundamentalmente, a la disposición adicional segunda de la Ley Concursal referida al régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras, esta legislación especial se estructura en un bloque general que recoge diversas disposiciones aplicables a estas entidades y en la sistematización de la legislación del mercado del crédito, del mercado de valores y del mercado del seguro. Entre las normas recogidas en este ámbito destaca la referida al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Asimismo, se recoge la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión y las disposiciones más relevantes del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del mercado de valores y de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras. La legislación concursal internacional aparece reforzada por la creciente internacionalización de la insolvencia y del Derecho Concursal. Por ello, se incluye el Reglamento 2015/848/UE, de 20 de mayo, del Parlamento Europeo, sobre procedimientos de insolvencia y la Comunicación de la Comisión sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis. En fin, el Código de Legislación Concursal se cierra con un Índice de Vigencias y un Índice Analítico que pretenden facilitar al lector el manejo de esta normativa.
